¿Ha sido clave la intervención del sector público para mitigar los impactos de la crisis sanitaria?

Los países de América Latina se enfrentaron a la pandemia del COVID-19 en un contexto de estancamiento económico, protestas por mejoras sociales, reducido espacio fiscal y elevado endeudamiento. Estos dos últimos factores, principalmente, redujeron la capacidad de reacción de los gobiernos para llevar a cabo políticas de estímulo fiscal. Ante este escenario, las economías de la región recurrieron a préstamos de organismos internacionales para adquirir los insumos necesarios para reforzar su sistema de salud, como implementar políticas de apoyo a grupos vulnerables de la población, y empresas cuyos ingresos fueron afectados por la crisis sanitaria.

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, el gasto fiscal mundial para hacer frente a la crisis sanitaria, rondó los US$ 7,2 billones, alrededor de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. El estudio agrega que, en el caso de los países ricos -aquellos con más de US$ 10.000 per cápita- el gasto fiscal adicional por la emergencia ascendió a 6,7% del PIB. Otros informes refieren incluso, que se han impulsado estímulos fiscales por más de US$ 12 billones y las acciones monetarias en torno a los US$ 7,5 billones. Mientras que el esfuerzo fiscal en Latinoamérica ha sido menor que el promedio a nivel mundial, ubicándose en los últimos meses, en 2,4% del PIB.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el gasto público ha sido clave para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Para el organismo el esfuerzo fiscal ha sido mayor con un promedio en la región de 4,3% del Producto Interno Bruto. Los mayores estímulos se han dado en Brasil (8,5% del PIB), Chile (5,7%) y Perú (5%) y ha afectado de manera considerable los niveles de deuda, sobre todo en Argentina y Brasil donde el ratio supera el 90% del PIB. En Chile, Paraguay, Guatemala y Perú, supera el 30%.

Si bien el paquete de estímulos ha logrado mitigar los efectos de la pandemia en los países de la región, el desempleo, la pobreza y otros aspectos sociales y económicos se impregnan en los números negativos de la crisis sanitaria. La CEPAL da cuenta que unas 47 millones de personas se encuentran fuera del circuito laboral y 2,7 millones de empresas han cerrado a causa de la pandemia. Con estas condiciones, la pobreza en América Latina alcanzaría a 231 millones de personas y la extrema pobreza a 96 millones.

El 2020 fue un año de grandes desafíos para las economías del mundo, pero sobre todo para las emergentes como de América Latina. El 2021 se presenta con otros objetivos y cargado con la incertidumbre que ha complejizado la intervención del sector público y las perspectivas del privado.