Pedidos de aumentos salariales para docentes y médicos: ¿Cuánto le cuesta al país?

En Paraguay, la brecha salarial existente entre un empleado público y un trabajador privado al cuarto trimestre de 2020 ronda el 70%. Esto, considerando que el salario de un funcionario, en promedio, asciende a G. 4.006.000 frente a los G. 2.352.500 que percibe un empleado del sector privado. Así, un trabajador privado debe ganar 41% más sobre su salario base ó G. 1.653.500 para alcanzar el promedio de ingreso mensual de un funcionario, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Desde hace unas semanas, los docentes y médicos vienen solicitando importantes consideraciones salariales. 
Los maestros de la Educación Escolar Básica correspondiente a la categoría “L3D” piden un ajuste salarial del 16% como parte del acuerdo arribado en el 2017 con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no así con el Ministerio de Hacienda, que en aquel año anunciaba la insostenibilidad del reajuste para alcanzar el salario básico profesional docente. 
Los antecedentes muestran que desde el año 2017 al 2021, el reajuste salarial para los docentes, a excepción de 2020, ha crecido de manera sostenida e incluso muy por encima al salario mínimo legal que recibe un trabajador del sector privado. Así, desde el 2018, el salario de un docente por 4 horas trabajadas ya superaba en G. 214.933 al de un empleado del sector privado por 8 horas laborales. Al 2020, la diferencia era de G. 507.055 (ver info). 
Desde el 2016 al 2021, el Salario Mínimo para el sector privado creció 17% debido a la inflación y considerando que el reajuste está estipulado por Ley. Con un eventual aumento de 16%, los docentes recibirían de una sola vez un incremento salarial que en el sector privado se ha dado en un plazo de 6 años, es decir, terminarían ganando G. 3.313.877. En el mismo sentido, al comparar la evolución del salario docente entre el 2016 al 2021 y bajo el supuesto del 11%, la variación llegaría al 64% y de 72% en el caso de un aumento del 16%, tal como solicitan los maestros
Días atrás, el Gobierno presentó una contraoferta al sector docente consistente en un ajuste salarial del 11%, lo que beneficiaría a 78.890 docentes con el Salario Básico Profesional, es decir, percibirían la suma de G. 3.000.000 por un turno de 4 horas. El 11% de aumento representaría para las cuentas públicas alrededor de US$ 80 millones y de US$ 120 millones en el caso de la concesión del 16%, conforme a estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. Es de mencionar, que el Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias ronda los US$ 1.000 millones, de los cuales, el 88,7% actualmente es destinado al pago de salarios. 

•    Escenario de suba salarial docente: ¿Cuál es el costo público?
A modo de entender las implicancias en las cuentas públicas de un aumento salarial para los docentes, en esta entrega del suplemento, la Consultora MF Economía?Inversiones realiza una serie de ejercicios que permite visualizar varios escenarios en guaraníes y en dólares con tipo de cambio de G. 6.900.
Para el caso de los docentes, se considera que un maestro gana de manera mensual la suma de G. 2.699.894 ó US$ 391,3 por 4 horas de clases impartidas de lunes a viernes. Con 16% más en concepto de reajuste salarial, un docente pasaría a percibir en términos absolutos la suma de G. 3.131.877, es decir, alrededor de US$ 543,9, lo que representaría G. 431.983 más al comparar el salario con el previo al aumento. 
En este escenario se asume solamente que, alrededor de 45.000 docentes de grado cuentan con 2 rubros, es decir, trabajan 8 horas diarias, lo que significaría una erogación de US$ 457,8 millones (panorama actual). Si a este escenario se le aplica el aumento solicitado por el sector, los valores llegarían a unos US$ 531,1 millones, un costo adicional para las finanzas públicas de US$ 73,3 millones. 
Sin el aumento, el componente del gasto salarial docente representa al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto que, si se considera el aumento del 16%, los valores llegarían al 1,4%.

•    Escenario de consideraciones salariales para el sector médico: ¿Cuál es el costo público?
La solicitud de los médicos se suma a las complicaciones generadas por el sector docente. 
El profesional de blanco busca la equiparación en su carga horaria, es decir, que el primer vínculo se reduzca de 24 horas a 12 horas. De prosperar, la disminución demandaría la contratación de nuevos médicos para cubrir los turnos cesantes o en caso contrario, generar un quinto vínculo para el mismo médico, lo que significaría una doble remuneración. El escenario, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, significaría un costo aproximado de US$ 40 millones. 
A modo de clarificar, un médico puede cargar con 4 vínculos, 3 con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el cuarto, con el Instituto de Previsión Social (IPS). En promedio, un médico tiene 3 vínculos (2 de 12 horas y uno de 24 horas), por lo que percibiría un salario, de G. 16.200.000 por 48 horas semanales. Esto, al considerar una remuneración de G. 5.400.000 por vínculo para el caso de los médicos permanentes y de aproximadamente G. 4.900.000 para los profesionales que prestan servicios en calidad de contratados. Aquí no existe una matriz salarial por los años de experiencia ni especializaciones. 
Al pedido descripto se suma una iniciativa legislativa que propone elevar el piso salarial a 3 salarios mínimos, es decir, en torno a G. 6.900.000 por vínculo. Así, un médico podría ganar, en promedio, por 3 vínculos (36 horas semanales), alrededor de G. 20.700.000, lo que representaría más de US$ 30 millones para las cuentas públicas, conforme a estimaciones de la cartera económica.
De aprobarse la propuesta de reajuste salarial para el sector médico, el salario podría ser incluso superior al que percibe un ministro del Poder Ejecutivo de G. 25.000.000 de manera mensual.
En la misma línea, datos oficiales revelan que en otras dependencias del Poder Ejecutivo solo el salario (G. 19.433.570) de un funcionario con cargo de Director sería similar al que puede percibir un médico con 4 vínculos. Mientras que un ingeniero junior tiene un salario de G. 5.000.000, un abogado y economista juniors, perciben mensualmente la suma de G. 3.700.000. 
Cabe destacar que ningún otro profesional dentro del sector público inicia su carrera profesional con el nivel salarial de un médico recién egresado que se incorpora al sistema de salud.
Para el caso de los médicos también se realiza una serie de ejercicios haciendo uso de sus requerimientos.
Para el escenario de los médicos se considera el salario base de G. 5.400.000 mensuales, que representa en torno a US$ 783. Además, se toma como otro parámetro el reajuste salarial solicitado de G. 6.900.000 mensuales o alrededor de US$ 1.000 aproximadamente exceptuando la equiparación de la carga horaria. 
Estimando que un médico trabaja con 4 vínculos, el escenario sin reajuste proyecta que, con una cantidad de aproximadamente 20.000 médicos, el componente del gasto llegaría a unos US$ 813 millones (panorama actual). Si al mencionado parámetro se le aplica el aumento solicitado por el gremio, el costo sería de US$ 1.040 millones o alrededor de US$ 227 millones adicionales.
Al comparar los valores actuales, es decir, sin reconsideración salarial, en términos del Producto Interno Bruto representaría el 2,1%. En tanto que, si se consideran los incrementos, los valores suben a 2,7% del PIB.
En los escenarios presentados, donde médicos y docentes solicitan un reajuste salarial, los valores ascienden a poco más de 4,1% del Producto Interno Bruto. 
Finalmente, como se ha observado, cualquier reconsideración salarial representa un peso importante dentro de las finanzas públicas que, en las actuales condiciones es altamente riesgoso e insostenible. Ello, considerando que inyectan mayor rigidez al presupuesto y restan espacio de maniobra para la convergencia del déficit fiscal, por tanto, recursos para destinarlos a programas y proyectos de impacto socio- económico. 
Una vez más, urge trabajar en el marco de la prudencia y buscar estrategias que apunten a la homogeneidad de los beneficios en el sector público.